Mujeres víctimas


“Si avanza una, avanzamos todas”, versa la consigna feminista. Se infiere que si una se retrasa, se retrasan todas, lo mismo que si muere una es como si murieran todas. Es la conciencia sororal lo que fundamental éste dicho, como una herramienta de lucha y visibilización sobre los problemas que continúan enfrentando las mujeres pese al avance en la apropiación de sus derechos. Prueba de ello es que en el México sangriento, la violencia sí distingue de género y en Hidalgo, son ellas quienes más la padecen.

Según la Encuesta Estatal de Victimización del Poder Judicial de Hidalgo, las mujeres son quienes en mayor porcentaje han sido víctimas de delitos en el Estado de Hidalgo, tanto por delincuencia “cercana” (familiares o amigos) o “directa” (personas ajenas), resaltando que, en la primera de éstas categorías, los casos se presentan hasta en un 34 por ciento por distrito judicial con casos como acoso, amenazas, delitos sexuales y agresiones.

Este ejercicio estadístico realizado por el Poder Judicial hidalguense en el 2008, es la última herramienta oficial de conocimientos sobre violencia social en la entidad. Los resultados arrojan que en 15 de los 17 distritos judiciales que componen la Entidad, las mujeres han sido víctimas de algún delito en mayor medida que los hombres, salvo Apan y Zimapán, donde el dato es inverso; no obstante, éstos forman parte de los nueve en los que el promedio de violencia destaca por arriba de la media estatal de 9.45 por ciento de personas víctimas de delitos. Estas demarcaciones son, además, Metztitlán, Molango, Tizayuca, Tula, Tulancingo, Zacualtipán y Pachuca.

Caso especial es el de la capital del Estado, donde el porcentaje llega al 19 por ciento, situándose como el distrito donde más personas declararon afirmativamente haber sido víctimas de algún delito, según la encuesta, siguiéndoles Tula y Tulancingo, los de mayor urbanización y los que presentan mayor índice de victimización por parte de personas cercanas.

Hidalgo ocupa el noveno lugar nacional sobre violencia a las mujeres, según la ENDIREH 2006. Cada día se encuentran cadáveres con signos claros de odio feminicida. De modo que el Día internacional de las Mujeres, nada habrá que “celebrar” hasta que las autoridades entiendan y apliquen políticas y leyes con perspectiva de género, comenzando con la tipificación del feminicidio. Los datos hablan por sí solos. Es la hora de actuar.

Twitter: @albertobuitre
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¿Quién viola la libertad de prensa?


A pesar que el derecho a la información y la libertad de expresión son garantías protegidas por las leyes y al Constitución en México, la realidad sobre ambas dista mucho de lo que en el papel se ha escrito como buenas intenciones. Mucho se sabe y se ha documentado sobre las violaciones en la materia cometidos por el Estado mexicano. Empero, ¿dónde comienzan a transgredirse los derechos de un periodista? Al analizar las condiciones de trabajo que implican la negación de seguridad social y laboral, tanto como las restricciones editoriales que conllevan a la censura con el fin precario de conservar el trabajo, parece fácil responder: En México, los primeros en violar la libertad de expresión y el derecho a la información –y, por ende, las garantías del periodista-, son los medios mismos y sus dueños.

Piénsese en el siguiente ejemplo:

Una reportera, madre soltera de un hijo, trabaja seis días a la semana sin horario habitual con un salario de 6 mil pesos al mes. El periódico no la tiene inscrita en el IMSS porque la empresa opera bajo el régimen de outsourcing o subcontratación, que obliga a su trabajadora a obtener su sueldo vía recibo de honorarios, pagando casi el 30 por ciento de su salario en impuestos, quedándole ingresos efectivos por 4 mil 200 pesos, con lo cual debe mantener, por ejemplo, la salud de su hijo si éste llegara a enfermar; sin embargo, al no acceder a seguridad social, deberá acudir, cada vez, a un médico particular que no es cubierto por la empresa. Así mismo, si llegara a faltar, el régimen laboral en el que está inmersa le descontará el día sino justifica medicamente su ausencia, pero da la causalidad, que sólo admite certificados del IMSS. Al mismo tiempo, su desarrollo profesional se ve limitado por los tratos comerciales-editoriales del periódico, los que determinan qué y cómo debe hacer su trabajo, sin que en ello medien sus criterios éticos o morales. De lo contrario, la reportera perderá su trabajo, incluso en el extremo de ver afectados sus intereses familiares o profesionales, sin siquiera poder alegar despido injustificado puesto que la política empresarial le hace firmar su renuncia “voluntariamente”.

Las razones con conllevan lo anterior se cuentan por miles o millones de pesos. Los medios como la conocemos alegan sus derechos, cuando sus intereses son trastocados. Quien piense lo contrario, sólo aviva una ilusión.

Tipificar el Feminicidio ¡ya!


El trasfondo de un feminicidio se encuentra en la misoginia irreversible que, cobijado por la impunidad judicial, mata a las mujeres, las mutila, les viola, por el simple hecho de ser mujeres. Y mientras el Gobierno no sea capaz de entender que tales hechos forman parte de un problema sistemático de violencia de género, y no asesinatos comunes, hecho aislados o efectos colaterales del crimen organizado, seguirán descubriéndose cuerpos de mujeres mutiladas, cada vez más, en México..

Y se le llama así: Feminicidio; es decir, “matar a una mujer”, un acto particular extremo de la violencia de género contra las mujeres que ellos Gobiernos y los Congresos deben adoptar cuanto antes, tanto como se encuentra tipificado de manera común el Homicidio. Y para los puristas tanto del lenguaje como de la dominación patriarcal, piénsese que el término merece la misma justicia que las mujeres asesinadas bajo su sombra, quienes además, deben padecer el nulo reconocimiento jurídico-teórico de su condición. De modo que parece increíble –pero vergonzantemente cierto-, que hasta en eso se niega el avance de las mujeres, el cual, aún persiste en condiciones de equidad, aunque haya quienes estúpidamente arroguen a la historia lo contrario.

El asesinato de una mujer no puede ser calificado como “Homicidio”, por una simple cuestión lingüística:

“Homicidio”, tiene su raíz etimológica en “Homo” que es igual a “Hombre” y “Cidium” que es igual a acción de matar: “Homicidium”; es decir, matar a un hombre. Feminicidio, del romance francés “Femme” y el latín “Femina” que es igual a “Mujer” y “Ciudium”, que es igual a acción de matar”: “Feminicidium”; es decir, matar a una mujer.

Sin embargo, sucede algo curioso en ambos casos. Que un homicidio regularmente es cometido por otro hombre, mientras que un femicidiio no es cometido regularmente por una mujer, sino por un hombre, también. Y he ahí lo adicional: que un feminicidio conlleva una carga de violencia sexual y particular saña que detona la hipótesis que tales crímenes se cometen con un simple interés: matar porque se puede. De modo que si el Código Penal federal y de los Estados añadiera perspectiva de género a su interés por repartir justicia e incluyeran la figura del Feminicidio, México cuentaría con una estadística verificable sobre los asesinatos de mujeres que son producto de la violencia de género, y así, implementar políticas públicas que atajen, prevengan y la castiguen con justicia

Feminicidios e impuinidad


Justo se llevaba a cabo la manifestación en Hidalgo en condena por los feminicidios tanto en el estado como en el país, cuando se informó de otro crimen contra una mujer.

Un sujeto desconocido atento a golpes contra  una trabajadora sexual en Pachuca, de un grupo de mujeres conocidas como “Las Ptiahayitas”, que desde hace años laboran a la vera de la carretera Pachuca – Actopan, a la altura de la colonia Pitahayas, de la capital hidalguense.

El caso de “Las Pitahayitas” no es particular, sino cierra el círculo de violencia de género que ocurre en este territorio, donde los agresores violan, asesinan, agreden de cualquier forma, porque creen que es “natural” poder hacerlo o porque quedarán en “natural” impunidad.

La violencia contra las mujeres es eso: violencia –que en sí misma es irracional-, por odio genérico. Luego, un feminicidio es el asesinato de una mujer –cómo homicidio, etimológicamente refiere el asesinato de un hombre-, más la carga de género. De modo que el crimen en contra de esta trabajadora sexual lleva la doble descripción violenta, doblemente estúpida.

A ella la asesinaron porque creyeron que si lo hacían, nada pasaría. “Las Pitahayitas” son, generalmente, mujeres provenientes de municipios al interior de Hidalgo en situación de pobreza, que encuentran en el trabajo sexual una salida a su situación orillada por su poca capacidad de acceso laboral. Y así se les agrede: por ser mujeres, pero además por ser pobres y por ser indígenas, se les violenta tres veces más.

No hace mucho, en agosto del 2010, otra trabajadora sexual, pero también activista por los derechos de las mujeres transgénero y transexuales en Pachuca, Fernanda Lavalle, fue encontrada en un paraje de esta misma carretera con evidentes muestras de tortura física y tiro de gracia. Al momento se hizo evidente que aquello había sido un asesinato por odio, además, homofóbico/transfóbico. En este caso como el de “Las Ptitahayitas”, sus agresores consideraron que habría impunidad en el asesinato. Es triste comprobar que así ha sido por parte de la Procuraduría de Hidalgo, y mientras no se reconozca el feminicidio como un crimen genérico, tal vez le suceda lo mismo a la última trabajadora sexual asesinada.

Por eso las organizaciones salen a la calle a gritarlo, haciendo caso al consejo de Elie Wiesel, Nóbel de la Paz 1986: “Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. ”

Las mujeres con Enrique Peña Nieto


Algunos columnistas institucionalizados de diarios nacionales en México, han seguido el hilo discursivo del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien afirma que las alarmantes cifras de feminicidios ocurridos durante su gobierno son un argumento político en el año en el que se habrá de renovar la administración y que, por el contrario, tales han bajado. No sorprende la actitud de estos periodistas, si se considera que el 2011 es año de acomodos políticos, donde tales medios junto a las oligarquías impulsan al mandatario priísta para hacerse de la Presidencia en las elecciones del 2012. Por eso, se ha insistido en estos espacios en decir que los asesinatos de mujeres ocurridos en la entidad no son mayores en cantidad que los ocurridos en estados de violencia sistemática como Chihuahua o Guerrero.

Los feminicidios en el Estado de México son más que los de Ciudad Juárez. De modo que legisladoras locales y federales lamentaron el rechazo del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, para investigar los asesinatos dolosos contra mujeres que permitiría decretar o no, la Alerta de Violencia de Género (AVG) en esta entidad. Fueron Las diputadas locales Beatriz Rojas Martínez y Maricela Contreras Julián, y las senadoras Claudia Sofía Corichi y Adriana González Carrillo quienes criticaron que con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, se declarara improcedente la solicitud en el Congreso para la investigación a pesar de que en cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron asesinadas 922 mujeres, cifra que es reducida a 468, según el informe del procurador mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes.

Así que la sentencia está marcada: se debe proteger en todo y pese a todo a Peña Nieto, sobre todo del tema que más escozor le ha causado en su administración: la violencia hacia las mujeres. Desde la dudosa muerte de su ex esposa, Monica Pretellini; la torpe investigación en el caso del asesinato la niña Paulette; la violación y tortura a 26 mujeres de San Salvador Atenco ocurridas durante las protestas del 3 y 4 de mayo; hasta, por supuesto, el freno a la alerta de feminicidios en el Estado de México, donde prácticamente todas las semanas se conocen notas sobre mujeres que aparecen muertas bajo claros signos de violencia sin que las autoridades ministeriales y de Gobierno hagan algo para erradicar la impunidad que los caracteriza.

Anayeli y el techo de cristal


Anayeli Altamirano Hernández, jefa de la policía del municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, es un caso paradigmático que anula los efectos del machismo invisible. Abogada por La Salle, ha fincado su carrera sobre una vida como la de cualquier persona y su juventud. Desde adolescente gusta de la música, se rodeó de buenas amigas y sobrevivió con inteligencia y nobleza a la violencia social de uno de los barrios más pauperizados de Tizayuca, región al sur de la entidad de donde proviene, y en el cual perviven ejemplos de jóvenes cuyas esperanzas se rindieron bajo la aplastante miseria cultural.

Parecería normal la historia que precede a la funcionaria de 27 años de edad –tan normal como la de cualquier joven emergida de un barrio amenazado por los vicios propios de la descomposición social-, pero a ella se suma la significación de ser, apenas, la segunda mujer que lidera los servicios policiacos en los 84 municipios que comprende Hidalgo, y lo hace con ideas que pocos de sus colegas hombres lo harían, desde el mes de marzo del 2010, cuando fue nombrada para dirigir a 18 policías: “Honestidad”, “lealtad”, “profesionalización”. Asunto nada sencillo, en uno de los Estados con creciente escala de índices delictivos, sobre todo del crimen organizado.

Al respecto, clarifica: “Si tu quieres tomar este puesto, evidentemente tienes un riesgo, trabajar en estas áreas es peligroso, en el área de la delincuencia organizada y del narcotráfico estamos expuestos como cualquier otra persona, aunque el peligro para nosotros es mayor al arriesgar nuestras vidas. Creo que hay que trabajar con honestidad, lealtad, con los valores que contamos”, expresó en entrevista para el diario Milenio Hidalgo.

¿Qué significa que una mujer –y una mujer joven, es pertinente insistir-, dirija una corporación policiaca en  un México sumido en la violencia?

Es la ruptura del “techo de cristal”: concepto acuñado por la Teoría de Género donde el Patriarcado hace creer a las mujeres que sólo son capaces de llegar a un limitado escaño en una estructura organizativa, dado que lo “alto” está reservado para los hombres, a quienes la misoginia les concede atributos como la fortaleza física o emocional, estereotípicamente lejanos a las mujeres. Sin embargo, ha sido esa la barrera que Anayeli ha logrado romper; y es, su cargo, una invitación constante a derribar los mitos culturales del género en los mismos terrenos donde domina la fuerza.